Por Luis E. Gómez

Peña NietoEntre las primeras acciones relevantes del gobierno de Peña Nieto, y por iniciativa de algunos connotados políticos de los tres grandes partidos de México (Santiago Creel del Partido Acción Nacional, José Murat del Partido Revolucionario Institucional y Jesús Ortega del Partido de la Revolución Democrática) se creó un acuerdo, denominado Pacto por México, que fue suscrito por el propio Presidente y los partidos mencionados el 2 de diciembre del año próximo pasado, con la declarada intención de “profundizar el proceso democrático” de México.

El Pacto fue suscrito en el Castillo de Chapultepec abarcando 95 compromisos estructurados en tres ejes rectores: fortalecer al Estado mexicano; democratizar la política y la economía; y fomentar la participación ciudadana.

El pacto se estructuró de acuerdo con cinco grandes apartados, que contemplan: desarrollar una sociedad de libertades y derechos; apoyar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad; revisar y ampliar las funciones de la seguridad y de la justicia en el país; incrementar la transparencia de la operación y de las formas de gobierno, así como la rendición de cuentas; y mejorar la gobernabilidad democrática.

El conjunto de acuerdos suscritos forma un verdadero catálogo de intenciones y propuestas de reformas políticas y sociales, sobre las cuales los partidos tienen por lo menos un acuerdo mínimo, pero donde subsisten algunas diferencias ideológicas y diversas orientaciones en el sentido de su profundidad o, inclusive, sobre su funcionamiento y su viabilidad operativa.

Mencionemos, por ejemplo, las reformas ya en curso como la educativa que, centrada en la vinculación entre la evaluación de los docentes y su eventual permanencia o no como profesores de la educación elemental (preescolar, primaria y secundaria públicas), ha suscitado una enorme resistencia por la parte disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, agrupada bajo la denominación de “la Coordinadora”, la cual controla secciones sindicales en estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Chiapas, Veracruz y el propio Distrito Federal, además de tener presencia en 26 de los 32 estados del país.

Dicha protesta ha consistido en manifestaciones, plantones, bloqueos de arterias y avenidas de la ciudad capital e inclusive la ocupación de la plaza central conocida popularmente como “el Zócalo”, durante casi un mes, mismo que fue desalojado para permitir el festejo de las fiestas patrias de la Independencia de México. Sin embargo, el movimiento de resistencia a la ley ya aprobada por el Congreso continúa.

En el mismo tenor, y con diferentes grados de aceptación o rechazo por la población, se encuentran las reformas, entre ellas, la reforma energética centrada en una propuesta que para algunos sectores de la sociedad constituye en los hechos un proceso de privatización de la empresa petrolera del Estado denominada Pemex, extractora y procesadora única en México de petróleo y de gas.

El gobierno aduce, de manera reiterada, que no se trata de una privatización sino de una “modernización” operativa que incluye en los hechos un reconocimiento a la formal legalización de la intervención de la iniciativa privada en diversos procesos productivos en el ámbito de la extracción, el procesamiento, el transporte, la distribución y la comercialización del petróleo, guardando siempre la propiedad del fluido y del gas, bajo la forma de los llamados contratos incentivados o de riesgo.

La izquierda, por su parte, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del general Lázaro Cárdenas quien en el año 34 expropió la industria petrolera), propone un proyecto que busca preservar el carácter público de Pemex. Otros actores, como Andrés Manuel López Obrador, ex candidato a la presidencia de la República, consideran que cualquier modificación al actual estatus de la empresa constituirá una verdadera traición a la patria.

En el caso de la reforma a las telecomunicaciones se ha encontrado, a pesar de cierto malestar de los monopolios televisivos, un amplio consenso que tiene algunas oposiciones, en razón de la falta de inclusión en la distribución de las concesiones, a las organizaciones de la sociedad civil y de los grupos étnicos y comunitarios, principalmente del mundo indígena, que en la propuesta figuran eufemísticamente, pero sin precisión como “el sector social”, lo cual deja en la ambigüedad la posibilidad de su explícita participación.

En cuanto a la reforma hacendaria, si bien no resultó contraria a las posiciones que temían la inclusión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y medicinas, no parece ser del agrado de los grandes empresarios en virtud del incremento significativo de los impuestos al rendimiento de los beneficios de la operación de las empresas, lo cual consideran recesivo, regresivo y no creador de nuevos empleos y nuevas empresas.

Observan también la necesidad de focalizar al sector informal de la economía para la ampliación de la base impositiva de contribuyentes, hoy ausentes del pago de impuestos. Cabe señalar que este sector se calcula que comprende a cerca del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA).

Por otro lado, el Pacto es visto como el acuerdo político enunciado más ambicioso que se haya producido en México; sin embargo, sus conceptos son desiguales y no parecen tener más jerarquía que un catálogo de buenas intenciones, establece un plazo general (último semestre del último año de gobierno), pero sin un calendario de acuerdos en particular.

Si bien algunos asuntos son de “obvia resolución”, otros lo son de una enorme complejidad y sin duda tendrán sendas consecuencias institucionales y burocráticas, constituyendo el Pacto, en los hechos, un organismo supletorio de las funciones propias de las Cámaras Legislativas que se transforman en simples aprobadoras de acuerdos cocinados en otra parte.

Por lo demás, el Pacto carece de una perspectiva de género, puesto que no considera los temas de las mujeres, ni tampoco las problemáticas de la diversidad sexual. Tampoco entran en su ámbito de propuestas otros actores como las personas de capacidades diferentes y los pueblos originarios en sus diversas expresiones étnicas del país.

Finalmente, el Pacto deberá pasar, para su sobrevivencia, por el tamiz de los procesos electorales y por la amplitud de las distintas resistencias populares e, incluso, empresariales, para mantenerse como un mecanismo de actualización de la vida política y social en su búsqueda de inclusión en la complejidad del mundo globalizado.

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Dr. Luis E. Gómez
Sociólogo mexicano especialista en temas de teoría social contemporánea.

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